Las tasas de matriculación universitaria en España son muy dispares entre las diferentes CC.AA. Para intentar paliar esta desigualdad, el Gobierno eliminó los rangos de precios públicos publicados en la Ley Orgánica de Universidades mediante el Real Decreto-Ley 07/2020. En él se redactó que "los precios públicos y derechos los fijará la Comunidad Autónoma, dentro de los límites máximos que establezca la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), y que estarán relacionados con los costes de prestación del servicio."
El CGPU, compuesto por el Ministerio de Universidades y las consejerías de las comunidades autónomas competentes en la materia, ha anunciado, desde la publicación del Real Decreto-Ley 07/2020, tres acuerdos sobre precios públicos universitarios: el Acuerdo de 27 de mayo de 2020, en el que se establecieron límites máximos en los precios públicos de los títulos universitarios oficiales para el curso 2020-2021; el Acuerdo de 29 de marzo de 2021, por el cual se equipararon los precios de primera matrícula de Másteres a los de la primera matrícula de Grado para el curso 2022-2023; y el Acuerdo de 19 de Abril de 2021, por el cual se prorrogaban las mismas condiciones del curso 2020-2021 para la limitación de los precios máximos al curso 2021-2022.
Los precios en los grados
En la actualidad, los precios de las tasas universitarias siguen siendo muy dispares entre las diversas CC.AA. Según el Observatorio del sistema Universitario (OSU), "el resultado sigue siendo una gran diversidad de precios por comunidades autónomas, entre las que Cataluña destaca porque cursar estudios clasificados como de nivel de experimentalidad más alto cuesta más del doble que en la comunidad más barata (Andalucía), y Madrid destaca porque estudiar una carrera considerada de grado de experimentalidad más bajo cuesta dos veces y media lo que cuesta en la comunidad más barata (Asturias)."
Los rangos de precios de la primera matrícula de grado para el curso 2021-2022 continúan sin seguir ningún criterio de unificación y varían desde el límite fijado de 757 de Andalucía, pasando por el rango 518-942 de Asturias, que cuenta con el límite mínimo más bajo y llegando al de Cataluña, que se sitúa entre 1061 y 1660 (Cataluña), con el límite máximo más alto de España.
De hecho, si analizamos los precios máximos y mínimos de las diferentes CC.AA. podemos observar que las carreras más baratas de la Comunidad de Madrid siguen teniendo un coste más alto que las carreras más caras de 12 de las 17 autonomías.
Por ejemplo, tras dos años desde el primer acuerdo, todavía hay tres comunidades autónomas que no han iniciado los trámites para llevar a cabo la reducción de preciosa acordada. Es el caso de las Illes Balears, que debería reducir su precio en 29 euros; la Comunidad de Madrid, que debería llevar a cabo una reducción de 290 euros; y el País Vasco, cura reducción debería ser de 48euros. Por otro lado, hay cuatro comunidades que han reducido sus precios, pero aún no han realizado la reducción acordada. Cabe destacar que Cantabria ha reducido sus precios a pesar de que el acuerdo vigente no le obligaba a hacerlo.
Otro aspecto importante que destaca el OSU es que la ley indica que los precios "estarán relacionado con los costes de prestación del servicio, pero las autonomías siguen sin indicar en sus decretos de precios ni cuáles son los costes de prestación ni qué relación guardan con los precios fijados en cada caso.
Másteres habilitantes
En el caso de los másteres habilitantes o vinculados al ejercicio de una profesión regulada, sólo ocho CC.AA han comenzado a reducir los precios y, de estas, Asturias es la única que ha completado la reducción en su totalidad, a pesar de que todas ellas están obligadas a hacerlo.
La OSU expone que sigue habiendo "una gran diversidad de precios entre las comunidades autónomas", y más aún si tenemos en cuenta que en la universidad pública Carlos III de la Comunidad de Madrid cuenta con un master vinculado a la abogacía cuyo precio asciende a 4.247 por curso. En el supuesto de que no tuviéramos en cuenta este máster, por encontrarse fuera de las gráficas de datos, los precios de los másteres variarían entre 591 y 2.110, con diferencias de 1 a 3,5; pero si tenemos en cuenta el máster de abogacía de la universidad Carlos III, las diferencias se disparan a una proporción de 1 a 7,2.
Cabe destacar que en España hay una peculiaridad en la oferta de másteres universitarios, el 91,9% de los másteres no son habilitantes ni están vinculados a una profesión regulada. En este caso, los acuerdos publicados sólo obligan a congelar sus precios, por ahora, y no establecen límites máximos.
Hay tres CC.AA. que han reducido sus precios por decisión propia: Castilla y León, 430 euros por curso; en Cataluña, 1.106euros por curso; y en la Rioja, entre 221 y 270 euros.
En los acuerdos no limitan los precios de la matrícula de doctorado y, a diferencia que con los másteres habilitantes, ninguna CC.AA. ha bajado los precios de la misma. La diferencia de precios en esta matrícula también es muy dispar, por ejemplo, son 6,7 veces más caros en Castilla y León y Cataluña que en Andalucía (la comunidad más barata).
En conclusión, los acuerdos del CGPU no han conseguido paliar las diferencias existentes en los precios públicos universitarios entre las diversas comunidades autónomas. Pero lo que si han logrado, es una bajada generalizada de las tasas, aunque insuficiente en algunos casos.
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