El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha criticado a Entesa pel Progrés de Catalunya por querer imponer que ningún menor sea obligado a instruirse en una determinada religión, a través de la Proposición de Ley de Libertad Ideológica, Religiosa y de Culto, que será debatida este miércoles en el Senado.
Esta iniciativa, presentada el pasado 19 de septiembre por el senador Joan Saura, establece el principio de aconfesionalidad y pretende desarrollar el artículo 16 de la Constitución en toda su amplitud y ser "extensiva, sensible y equitativa" respecto a todas las opciones de pensamiento, según indica el grupo.
En concreto, entre los artículos de la Proposición de Ley, el número 2 establece que "ningún menor será obligado a instruirse en una religión o en un sistema de convicciones atendiendo al principio de capacidad progresiva del menor", mientras que en la Ley de 1980 se recoge el derecho de toda persona a "elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
De la misma forma, el texto establece la eliminación de toda posición de preeminencia institucional a ninguna comunidad religiosa y dispone que "el Estado no subvenciona a asociaciones religiosas ni a entidades vinculadas a comunidades religiosas, que deberán ser financiadas mediante sus propios recursos", aunque precisa que el Estado "podrá subvencionar aquellas actividades de asociaciones o entidades religiosas que se consideren de interés público".
La portavoz de la OLRC, María García, ha denunciado que la Proposición de Ley de Libertad Ideológica, Religiosa y de Culto "constituye un claro atentado a la Libertad Religiosa e ideológica, con unos argumentos equivocados" y advierte de que, "aunque es evidente que la iniciativa no va a prosperar en esta ocasión, conviene tomar nota de las intenciones de algunos grupos políticos que en algún momento pueden gobernar".
En este sentido, añade que "no se debe jugar con la Libertad Religiosa, que está garantizada en la legislación internacional, europea y española". "Esta Proposición supone un claro intento de hacer desaparecer las confesiones religiosas, en especial la católica, de España", ha sentenciado.
El Observatorio, con el asesoramiento de los juristas como Daniel Tirapu -Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Jaén- y Polonia Castellanos -presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos-, ha elaborado un documento en el que concluyen que esta proposición "limita la libertad religiosa y de culto".
Asimismo, señalan que la proposición de ley contraviene el artículo 27.3 de la Constitución, al hacer prevalecer los derechos del menor para no recibir formación religiosa ni siquiera en el ámbito familiar y denuncian que "se pretende anular los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede a pesar del rango de tratado internacional que tienen algunos de estos acuerdos".
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