
Según el estudio "La formación de los desempleados en España" de la Fundación élogos.
La Formación para el Empleo es una de las variables clave para aumentar la competitividad de la economía española y la reforma de la formación de los desempleados en España es imprescindible y vital para alcanzar los objetivos en esta materia, según el estudio patrocinado por la Fundacion élogos "La formación de los desempleados en España", coordinado por José Jaime López Cossío.
Como continuación y complemento de los estudios "Mejor formación para crear más empleo", y "La formación para el empleo gestionada por los Agentes Sociales. Perspectivas del mercado en el horizonte 2013", elaborados por la Fundación élogos a principios y finales de 2010 respectivamente, y con el ánimo de contribuir al debate sobre la reforma de las Políticas Activas de Empleo en nuestro país, el estudio presentado hoy pretende aportar desde el análisis de la situación actual de la formación para el empleo, un conjunto de propuestas de actuación y mejora, tanto en sus aspectos cuantitativos, como en los cualitativos y metodológicos.
"Entre las políticas de mejora de la empleabilidad, la formación para el empleo, y en especial la dirigida a desempleados es, probablemente, la que concita mayor unanimidad en cuanto a su eficacia para la inserción, la reinserción y reciclaje profesional, dada su capacidad para mejorar las competencias profesionales y la relación del trabajador con su entorno productivo. La formación para el empleo ha de situarse como una verdadera política de estado" aseguró el presidente de la Fundación élogos, Mariano Baratech.
En las circunstancias actuales del mercado de trabajo, resulta esencial la existencia de programas formativos en donde en base a las demandas presentes y futuras de trabajadores por parte de las empresas, éstos se cualifiquen en función de sus necesidades reales; utilizando fórmulas flexibles tanto en el diseño, como en el desarrollo de la formación, y en donde la tecnología juegue un papel fundamental para hacer universal el derecho de todo trabajador de poder acceder a la formación, se asegura en el estudio.
Entre las propuestas de mejora concretas, el estudio destaca la recuperación de la formación como primera política activa de empleo, integrando los planes de formación para los desempleados en la nueva estrategia de empleo y, por tanto, incorporando su reforma a la más amplia de las políticas activas de empleo. En este sentido, la formación para desempleados, al igual que el resto de las políticas activas, debería incorporar los criterios de flexibilidad, adecuación al territorio y adaptación a las circunstancias concretas de cada colectivo de desempleados. Asimismo subraya la necesidad de la mejora tanto cuantitativa como cualitativa del sistema de formación para el empleo con el objetivo de incrementar el colectivo de trabajadores desempleados que se forman con programas de mayor calidad, para lo que se requerirá una mayor financiación.
Por otra parte, el estudio señala que el número de trabajadores desempleados que reciben formación cada año es escaso y la tasa de cobertura es insuficiente. La formación para el empleo debe fijarse también un objetivo cuantitativo global, aún asumiendo la dificultad que supone atender un número extraordinariamente elevado de desempleados y, simultáneamente, disponer de menores recursos por la disminución de la recaudación de la cuota de formación profesional, principal fuente de financiación del subsistema de formación para el empleo.
En este sentido, un objetivo clave debe ser el incrementar de forma sustancial la tasa de cobertura de los desempleados formados anualmente, objetivo que si se pretende acompañar de una mejora de la calidad de la formación y reforzar la oferta de las especialidades más costosas, requerirá una revisión de la financiación dedicada a la formación de los desempleados. Es imprescindible potenciar la oferta formativa para desempleados con un concepto más abierto que el actual, aprovechando las nuevas posibilidades tecnológicas como el e-learning, y con un planteamiento multicanal.
Pero, siendo coherentes, la mayor financiación no garantizará una mejora de los resultados si no se corrigen los aspectos de planificación, diseño y gestión de la oferta que se han descrito.Además, debe debe de hacerse "visible" la formación de desempleados de manera que, tanto los destinatarios, como las empresas y el conjunto de la sociedad, conozcan los criterios, los requisitos, las posibilidades y la oferta formativa que se ofrece y a la que pueden tener acceso.
Esta mayor "visibilidad" de la formación para desempleados requiere varias actuaciones paralelas. Por una parte, difundir la oferta formativa de manera integrada, si fuera posible para el conjunto del Estado, como sucede en otros países europeos. Por otra, mejorar la estadística y la difusión de las características y resultados de la oferta formativa para desempleados, facilitando la comparación, la evaluación y la propuesta de medidas correctoras por parte de los investigadores e interesados. Por último, debería hacerse un esfuerzo por identificar los recursos formativos al servicio de la formación de los desempleados, dada su dispersión y el riesgo de duplicidades y solapamientos en la oferta.
En todo caso, parece imprescindible reclamar del sistema educativo mayor responsabilidad y eficacia a la hora de asegurar las competencias básicas de los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo. En coherencia con las Directrices de la Estrategia Europea 2020, que formula como objetivo reducir la tasa de fracaso escolar por debajo del 10% en esa fecha, parece necesario frenar cuanto antes el flujo de jóvenes que abandonan el sistema educativo sin adquirir las competencias clave para enfrentarse con éxito al mercado de trabajo. En este esfuerzo preventivo del desempleo de larga duración y del subempleo crónico, resulta necesario repensar los procesos y las funciones de la orientación profesional desde el propio ámbito educativo.
Por último, el estudio demanda que la oferta formativa a los desempleados tiene que fijarse objetivos concretos y evaluables para los distintos colectivos o grupos de desempleados más significativos. En opinión de los autores, el subsistema debería tener objetivos cuantitativos y cualitativos, al menos para los grupos de desempleados más característicos y con mayores dificultades, y trasladar estos objetivos a cada servicio público de empleo para que su programación sea coherente, consecuente, responsable y evaluable en relación con dichos objetivos.

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