El origen de estos acuerdos está en la necesidad de respetar otro principio anterior extendido a todos los países de la UE que es el de la libre circulación de los ciudadanos.
Vaya por delante que cuando leo que los estudiantes universitarios están en huelga no puedo dejar de sentir una cierta nostalgia. También es cierto que las épocas han cambiado y ahora son unos pocos, menos del 5 por ciento de la población universitaria, suponiendo que estén matriculados en alguna Facultad, quienes protestan por algo, y la gran mayoría, autoridades académicas incluidas, piensa que el tiempo lo arregla todo.
Pero los años pasan y me sorprende la desinformación que existe en la sociedad, y no sólo entre los estudiantes, sobre el origen y el verdadero significado de los acuerdos de Bolonia .
Para que la libre circulación sea un hecho, aparece una barrera de facto: el no reconocimiento de las cualificaciones profesionales y de los títulos universitarios, requisito imprescindible para que cualquier ciudadano pueda ejercer su profesión en otro país de la Unión Europea. La libre circulación no se refiere a poder ir de turista a Irlanda o Bélgica, sino a la posibilidad de que un dentista italiano ejerza como tal en Holanda, o que un ingeniero alemán lo haga en Portugal.
Una respuesta sencilla a este desafio habría sido un sistema ágil de homologación de títulos, pero ante la diversidad de sistemas educativos dentro de la UE y de duración de las titulaciones, se decidió homogeneizar los sistemas educativos de los países miembros. Recordemos que Bolonia , hoy por hoy, no es una ley de obligado cumplimiento y que al sistema educativo definido por Bolonia se han adherido incluso estados que no son miembros de la UE. Pretender hoy cambiar Bolonia , es como si un grupo de 500 ciudadanos pretendiese convocar un referéndum para que los automóviles circulen por la izquierda.
En paralelo la mayoría de países de la UE tienen planteado un gran reto: la masificación de las universidades como consecuencia de la universalización de los estudios superiores. Es aquí en donde, a mi parecer, hay el gran objetivo oculto de las reformas propuestas. La mayoría de países no tienen los recursos necesarios para atender adecuadamente el coste financiero que representa una población universitaria creciente.
La conversión de un esquema de ciclos de cinco años (licenciaturas) en uno más corto de tres /cuatro años (grados) significa disminuir en un 20-40 por ciento el tiempo de estancia en el servicio educativo universitario, con la consiguiente disminución de costes, siempre y cuando se reduzcan los recursos asignados en la misma proporción. La aparición de un segundo ciclo de 1-2 años (máster) se convierte en una opción no obligatoria, desvinculada a la necesidad de tener un título universitario, que ya se habrá obtenido con el grado.
Es aquí en donde algunos estudiantes actuales ven el fantasma de la privatización y nadie explica que la buena gestión de unos recursos públicos, que son escasos por naturaleza, lo único que hará es aportar mayor calidad al sistema. En este sentido creo que el caso de las Escuelas de Negocios en España es ilustrativo: las de nuestro país aparecen sistemáticamente entre las mejores. Sin ir más lejos, en la última clasificación del Financial Times aparecen cuatro instituciones españolas entre las 50 primeras escuelas europeas, un dato que contrasta con el hecho de que en los ranking universitarios internacionales, la primera universidad española aparece muy abajo.
Pienso que alguien debe decir que no todo el mundo podrá ir a la universidad, que quien lo haga está consumiendo recursos públicos y que en consecuencia debe aprovechar al máximo su estancia en las aulas. Cambios de carreras, repetidores, tasas de abandono elevadas no son sostenibles, a menos que queramos universidades mediocres que no aparezcan en los ranking internacionales.
¡¡Y pensar que se han cumplido cuarenta años de aquel Mayo del 68!!

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